Una investigación penal encabezada por la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Genérica expuso un insólito caso de presunta usurpación de título en la provincia. La joven María Valentina Rampulla quedó en el centro de la escena judicial tras ser acusada de ejercer y promocionarse ilegalmente como traductora e intérprete de inglés, pese a no contar con título universitario habilitante ni con la matrícula profesional correspondiente.

Pese a la gravedad de la imputación por el delito de usurpación de títulos en calidad de autora, la acusada logró eludir una condena de prisión efectiva al acceder a una suspensión de juicio a prueba (probation), la cual fue formalmente homologada por la jueza de Garantías Carolina Parra.

El caso salió a la luz a raíz de una pesquisa liderada por la fiscal Daniela Pringles y el ayudante fiscal Rodrigo Herrera, con la intervención directa del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de San Juan. Los investigadores constataron que Rampulla ofrecía servicios técnicos a firmas de gran envergadura con especial focalización en el sector minero e industrial a través de anuncios públicos y plataformas laborales como LinkedIn e Instagram.

En dichos espacios virtuales, la joven construyó una exitosa carrera ficticia: se presentaba como traductora e intérprete de inglés, especialista en bilingüismo, e incluso afirmaba ser profesora egresada de la Universidad del Aconcagua y haber liderado proyectos propios, como un instituto de idiomas. No obstante, los cruces de información con unidades académicas demostraron que jamás cursó ni egresó de esa institución, operando al margen de toda legalidad profesional.

Con el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa particular, la imputada deberá cumplir con una serie de pautas socio-comunitarias para extinguir la acción penal. Entre las obligaciones fijadas por la Justicia, se destacan:

• Trabajo comunitario: Deberá realizar 24 horas de tareas de colaboración en la Municipalidad de Santa Lucía, a completarse en el plazo de tres meses.

• Resarcimiento económico: Se le impuso el pago de una reparación simbólica de 200.000 pesos dividida en cuotas destinada a beneficiar a la delegación local de la Cruz Roja.

• Prohibición de acercamiento: Quedó vetada de forma absoluta cualquier tipo de contacto o proximidad con los miembros del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la provincia por el término de un año.