Estados Unidos amplió su estrategia de presión contra la dictadura cubana con una nueva ronda de sanciones dirigida a empresas controladas por las Fuerzas Armadas y a funcionarios de la cúpula militar. Las medidas afectan a organizaciones que, según Washington, sostienen financieramente al aparato castrense del régimen y participan en operaciones vinculadas con la adquisición, mantenimiento y modernización de equipos militares.

El principal objetivo de las sanciones es el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el poderoso conglomerado administrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que controla una amplia red de empresas en sectores estratégicos de la economía cubana.

GAESA fue creado en 1995, durante el denominado "Período Especial", la grave crisis económica que sufrió Cuba tras el colapso de la Unión Soviética. Su objetivo inicial era generar ingresos en moneda extranjera para las Fuerzas Armadas y administrar negocios capaces de captar divisas.

Con el tiempo, el grupo amplió su presencia hacia áreas como turismo, comercio, logística, transporte, finanzas e infraestructura. Entre sus principales empresas se encuentran la cadena hotelera Gaviota y Cimex, una de las mayores redes comerciales del país.

También tiene participación en instalaciones estratégicas como el puerto de Mariel, un enclave clave para la actividad comercial cubana, además de negocios relacionados con combustibles y servicios.

Washington considera que GAESA representa una pieza central del poder económico del régimen cubano debido a su conexión directa con la estructura militar.

Dentro de la nueva lista de sancionados aparecen varias compañías relacionadas con GAESA, entre ellas Tecnoimport y Tecnotex.

Tecnoimport es señalada por Estados Unidos como la empresa encargada de adquirir productos técnicos y suministros destinados a las Fuerzas Armadas cubanas. El Departamento de Estado sostiene que la compañía ha participado en compras de bienes relacionados con sectores militares de Rusia y China.

Tecnotex, otra filial del conglomerado militar, fue incluida por su presunta participación en programas destinados a renovar equipos de origen ruso utilizados por Cuba, especialmente aeronaves y helicópteros. También fue vinculada anteriormente con operaciones de cooperación con Corea del Norte.

Las medidas estadounidenses también alcanzan a figuras clave de la dirección militar del régimen.

Entre los funcionarios señalados está el general Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, una de las máximas autoridades del aparato militar cubano. También fue incluido el general Roberto Legra Sotolongo, jefe del Estado Mayor General y viceministro primero del Minfar.

Ambos ya habían sido sancionados por Estados Unidos tras las protestas ocurridas en Cuba en julio de 2021, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles para reclamar cambios políticos y mejoras económicas.

La lista incorpora además a José Antonio Remón Rodríguez, responsable de las relaciones exteriores del Ministerio de las Fuerzas Armadas; y a Oscar Enrique Biosca Gallego, encargado de asuntos económicos dentro de esa estructura.

Estados Unidos también sancionó a los agregados militares cubanos en Moscú y Beijing: Mónica Milián Gómez y Waldo Pérez Cortés.

Según el Departamento de Estado, ambos funcionarios están relacionados con actividades de cooperación militar y con gestiones para obtener equipamiento de defensa procedente de Rusia y China, dos aliados estratégicos del régimen cubano.

Las nuevas restricciones también apuntan contra instituciones encargadas de fabricar, reparar y mantener equipos utilizados por las Fuerzas Armadas.

Una de ellas es la Unión de Industria Militar (UIM), una estructura dedicada a la producción y reparación de armamento y tecnología militar. Estados Unidos afirma que la entidad ha colaborado con compañías de defensa rusas para modernizar sistemas de armas heredados de la época soviética.

También fue sancionada la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin, especializada en el mantenimiento de helicópteros y aeronaves militares de fabricación rusa.

Otro objetivo es Duna S.A., una empresa importadora que, según Washington, ha facilitado la llegada de equipos militares procedentes de Rusia y China.

Con estas medidas, Estados Unidos busca limitar las fuentes económicas y operativas de la estructura militar cubana, mientras aumenta la presión sobre los principales funcionarios y entidades vinculadas al aparato de defensa del régimen.