La Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme la millonaria actualización del decomiso en el marco de la causa Vialidad. De esta manera, el monto inicial de la sanción patrimonial se multiplicó por ocho, pasando de $85.000 millones a $685.000 millones, habilitando de forma inmediata el remate y la subasta de bienes.

La decisión, que lleva la firma de los jueces del máximo tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó por "inadmisibles" los planteos de nulidad y los pedidos de suspensión de las ejecuciones que habían interpuesto los abogados de la exmandataria y del empresario Lázaro Báez, quien también cuenta con condena firme a seis años de prisión por administración fraudulenta.

Tasación de urgencia: los 111 bienes en la mira de la Justicia

Con el aval de la Corte, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ya activó los mecanismos de ejecución patrimonial. El proceso comenzó con las directivas para iniciar las tasaciones oficiales de gran parte de las propiedades ubicadas en la Patagonia.

La orden de decomiso solidario afecta a un total de 111 bienes, entre los que se destacan:

• Propiedades y complejos hoteleros: Incluye el hotel Alto Calafate y terrenos clave en el sur del país.

• Bienes transferidos: La medida alcanza a inmuebles y activos de los hijos de la ex vicepresidenta, Máximo y Florencia Kirchner, al considerarse que fueron cedidos a título gratuito para evitar el embargo.

• El patrimonio de Lázaro Báez: El empresario santacruceño aporta el mayor volumen de bienes físicos al listado de remates.

La descomunal cifra de $685.000 millones responde a una actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La justicia determinó que mantener el monto original de $85.000 millones fijado en el fallo de 2022 licuaba el castigo económico debido a la devaluación y la inflación acumulada.

Con este fallo, la vía ordinaria de apelaciones sobre el recupero de activos queda completamente agotada, abriendo paso a uno de los procesos de remate judicial por corrupción más grandes de la historia argentina.