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POLITICA

21 de noviembre de 2026

Qué son las acefalías gremiales de facto y por qué se convirtieron en el gran conflicto que divide hoy al Gobierno y la CGT

La cúpula cegetista busca que la Secretaría Trabajo convalide de manera provisoria a los dirigentes cuyo triunfo electoral se judicializó para evitar el vacío de poder en los sindicatos, pero los funcionarios alertan sobre los riesgos de esa propuesta

Mientras mantiene la expectativa de una convocatoria del Gobierno a reanudar el diálogo, la CGT tiene en su agenda una propuesta que les hará a los funcionarios libertarios para destrabar conflictos llamados "acefalías de facto", como sucedió con Luis Barrionuevo luego de que la Secretaría de Trabajo no le extendió el certificado de autoridades que convalidaría su triunfo en las elecciones en la Unión de Trabajadores del Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Argentina (UTHGRA) realizadas en diciembre pasado porque el resultado de la votación aún está atrapado en un laberinto judicial.

En la central obrera, más allá de los reclamos salariales y laborales, buscan que la Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, dicte una resolución que permita extender un certificado provisorio de autoridades a quienes ganen las elecciones en un sindicato aun cuando se judicialice el resultado de los comicios y se trabe la proclamación de la conducción elegida.

Sería una forma de que la actividad del gremio pueda mantener su vida interna con normalidad hasta que pueda dilucidarse por vía judicial la resolución del conflicto: no tener el certificado de autoridades puede ocasionar graves problemas en el manejo de las cuentas bancarias, la administración de los recursos del sindicato y de la obra social, la firma de las negociaciones paritarias, los trámites ante organismos públicos y la legitimidad de la representación institucional y política.

Allí radica una de las quejas centrales de Barrionuevo: asegura que no tener el certificado de autoridades aun en forma provisoria hizo que Trabajo no homologara el último aumento salarial de la actividad y que por eso los trabajadores del sector aún no lo cobraron.

De la propuesta cegetista ya están al tanto algunos importantes referentes de la Casa Rosada, aunque falta que le llegue a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que mantiene un fuerte enfrentamiento con Barrionuevo porque su ministerio apeló una sentencia judicial que le ordenaba darle el certificado de autoridades y, en lugar de aceptarlo, presentó un recurso extraordinario ante la Corte para dirimir el tema.

El ala dialoguista de la CGT que integran, entre otros, Gerardo Martínez (UOCRA), también quiere resolver el conflicto Gobierno-Barrionuevo para intentar recomponer su relación con el líder de Gastronómicos, resquebrajada porque éste cuestiona la estrategia moderada de la central obrera desde que perdió espacios de poder en la conducción cegetista elegida hace un año.

Aun así, en la CGT advierten que hubo otros diferendos similares al de Barrionuevo que podrían haberse evitado, como el de Mario Lavia al frente de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio), a quien el Gobierno le dio el certificado de autoridades recién a partir de un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Una situación parecida se dio con la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores Feriantes de la República Argentina (SUTFRA), Mariana Berbeglia.

En el Gobierno admiten que este tipo de casos constituyen un problema complejo y afirman que están dispuestos a una solución consensuada con la dirigencia gremial, mientras alertan sobre los posibles efectos de la fórmula de la CGT: los funcionarios se encuentran en medio de un fuego cruzado intersindical y si aceptaran dar certificados de autoridades provisorios se expondrían a eventuales denuncias penales de los rivales del dirigente que se atribuye el triunfo electoral.

Desde Capital Humano aseguran que la decisión política es recurrir siempre hasta la última instancia judicial cuando existan sentencias adversas a resoluciones administrativas, como el no reconocimiento al triunfo electoral de Barrionuevo, mientras el resultado electoral siga en medio de una controversia judicial.

En la CGT sospechan que se trata de una excusa porque en otros casos el Gobierno no buscó ir a la Corte para "evitar acatar los fallos judiciales" y, sobre todo, porque se juega el liderazgo de un ultraopositor como Barrionuevo y la suerte de su ex cuñado y principal adversario, Dante Camaño, jefe de la Seccional Capital.

Más allá de las especulaciones políticas, es cierto que Trabajo dejó de tener la incidencia decisiva de siempre en las elecciones sindicales y es lo que explica la sucesión de acefalías de facto. Es que el decreto 342, dictado por el Gobierno en 2025, limita la intervención del Estado en los comicios en los gremios.

Esto significa que, a partir de aquella norma, la Secretaría de Trabajo no puede convertirse en árbitro de las disputas entre listas sindicales, no puede asumir automáticamente las funciones de la Junta Electoral, no tiene la facultad que le otorgaba la reglamentación anterior para suspender la puesta en posesión de las nuevas autoridades por una impugnación y debe respetar la autonomía sindical y las decisiones judiciales.

Según ese decreto, la Secretaría de Trabajo únicamente puede designar un funcionario por un plazo de 120 días hábiles cuando el sindicato carece de autoridades y su estatuto no prevé cómo resolverlo. Y al retirarse Trabajo como árbitro administrativo, los conflictos sindicales por listas, padrones o impugnaciones pasaron directamente a resolverse en el fuero laboral de la Justicia.

El decreto 342, de esa forma, le quitó a la Secretaría de Trabajo el rol de resolver conflictos vinculados con las elecciones sindicales y que tradicionalmente solían estar teñidos de sospechas de favoritismo político e incluso de otro tipo de irregularidades. Así, ahora es la Justicia la que debe dirimir esas controversias gremiales sin la intervención del Estado, a tono con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Curiosamente, o no tanto, esa decisión es cuestionada hoy por sindicalistas que añoran el papel excluyente de las autoridades estatales para resolver los conflictos vinculados con las elecciones en los gremios cuando, en realidad, la lógica indica que deberían confiar en tener más garantías de imparcialidad por parte de los jueces que de los funcionarios del gobierno de turno.

Esos mismos reflejos son los que impulsaron a algunos sindicalistas de buena llegada al Gobierno a operar en las últimas semanas para intentar que la Secretaría de Trabajo salga de la órbita de Capital Humano y pase a la Jefatura de Gabinete, un ámbito dominado por la dinámica negociadora de su titular, Diego Santilli, de aceitados vínculos con los líderes gremiales.

El propio Barrionuevo lo explicitó en la marcha del Sindicato de Gastronómicos del lunes pasado ante Capital Humano, adonde protestó por la falta de entrega del certificado de autoridades: "Todos los trabajadores no podemos andar en los tribunales dirimiendo los problemas nuestros, que son problemas del mundo sindical", señaló. Y agregó: "A esta altura, Jefatura de Gabinete tendrá que hacerse cargo de la Secretaría de Trabajo. Necesitamos resolver los problemas ahora".

Sea como fuere, la CGT tomó este tema como uno de sus puntos centrales de la agenda con el Gobierno. Sólo falta que se concrete esa reunión que se esbozó durante la visita del Papa, pero que sigue rodeada de incógnitas.

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