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10 de noviembre de 2026

La Fiscalía de Paraguay allanó las viviendas de Santiago Peña en Asunción por el escándalo de Ueno bank

Los procedimientos se realizaron un día después del registro de una residencia de verano del ex mandatario en San Bernardino. La causa también alcanza al ex titular del Banco Central Carlos Carvallo y a empresas vinculadas al grupo propietario de la entidad

La Fiscalía paraguaya realizó este lunes nuevos allanamientos en Asunción como parte de la investigación por el colapso de Ueno bank. Los procedimientos alcanzaron las viviendas del expresidente Santiago Peña y del ex titular del Banco Central Carlos Carvallo, ambos imputados en la causa y bajo prisión preventiva. La Fiscalía busca reconstruir las operaciones que precedieron a la intervención.

Los registros en la capital se concretaron un día después de que agentes fiscales inspeccionaran una residencia de verano de Peña en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción. La sucesión de operativos amplió las pesquisas sobre las relaciones entre antiguos responsables del Estado, directivos del banco y empresas vinculadas al grupo propietario de la institución.

La crisis comenzó cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el procedimiento de resolución de Ueno bank por problemas de solvencia. La medida inició la salida de la entidad del mercado. Durante el mandato de Peña, el banco había recibido depósitos de organismos públicos y llegó a tener alrededor de 2,94 millones de clientes.

Entre los recursos comprometidos figuran cerca de 800 millones de dólares pertenecientes a instituciones estatales, en su mayoría destinados a fondos previsionales. Ahorristas también denunciaron dificultades para disponer de su dinero. Unos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) tenían fondos relacionados con la institución.

La investigación penal tuvo consecuencias para las principales figuras señaladas. Peña fue destituido mediante un juicio político y posteriormente detenido. El sábado, un juez ordenó su prisión preventiva en el Regimiento de Escolta Presidencial, una instalación militar, después de que la Fiscalía lo imputara por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

Carvallo dirigió la Financiera Ueno antes de asumir la presidencia del Banco Central en 2023. Renunció a ese cargo el día en que se dispuso la intervención y se presentó ante las autoridades el viernes. La acusación en su contra incluye presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor.

Los procedimientos de este lunes también alcanzaron a Ueno Casa de Bolsa y Vinanzas, compañía dedicada a la gestión de cobranzas y recuperación de créditos, vinculada al Grupo Vázquez, propietario de Ueno. Sobre la casa de bolsa, el Ministerio Público indicó que buscaba aclarar posibles irregularidades en operaciones y movimientos de fondos dentro del circuito financiero y del mercado de valores.

El fiscal especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta señaló que Vinanzas habría participado en el esquema de préstamos concedidos por Ueno a compañías relacionadas. Se investiga si esos créditos beneficiaron a empresas del conglomerado.

En paralelo, las autoridades incautaron un Lamborghini y otros vehículos, entre ellos un carro de golf y un todoterreno. Las medidas forman parte de la causa que involucra a Miguel Vázquez, fundador de Ueno bank, y a otras 27 personas relacionadas con la entidad. En operativos anteriores, los fiscales habían registrado oficinas del Grupo Vázquez y las instalaciones de Itti y Technoma. Entre los bienes incautados figuran nueve automóviles de alta gama, un yate, dos avionetas y documentación.

En medio de las pesquisas, el canciller Rubén Ramírez sostuvo que el episodio no representa una crisis general del sistema financiero paraguayo. "Se trató de una situación particular de la entidad, no de una condición generalizada en el sistema financiero local", afirmó tras reunirse con representantes diplomáticos. También defendió la respuesta institucional y aseguró que las medidas se adoptaron con respeto a las normas constitucionales y al derecho a la defensa.

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