La Cámara de Diputados de la Nación aprobó con una amplia mayoría —237 votos positivos, 9 en contra y 4 abstenciones— el proyecto de ley que establece el nuevo marco regulatorio para el sector de discapacidad. La iniciativa, que reemplaza la actual Emergencia en Discapacidad con vencimiento a fin de año, fue girada al Senado para su tratamiento definitivo.

La aprobación se logró tras una intensa jornada de negociaciones en la que el oficialismo aceptó modificar el texto original para sumar el respaldo del peronismo, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y diversos bloques provinciales.

Qué cambia y qué se mantiene en el nuevo régimen

El texto de consenso garantiza la continuidad de los pilares fundamentales del sistema asistencial:

• Pensión no contributiva: Se ratifica la vigencia de la pensión no contributiva por discapacidad y se mantiene su mecanismo de actualización automática por índice de inflación.

• Compatibilidad laboral: Se sostiene la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el empleo formal, fijando el tope de ingresos permitidos en dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

• Arancel unificado: Se preservan el nomenclador universal de prestaciones y el arancel único para prestadores del sector.

El giro del oficialismo y el destrabe de la negociación

El acuerdo legislativo se destrabó luego de que el Gobierno nacional aceptara dar marcha atrás con los recortes previstos en el proyecto de Presupuesto, los cuales habían generado fuerte tensión con organizaciones de la sociedad civil y bloques opositores. Dichos recortes contemplaban la eliminación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso y la quita del arancel único.

Al retirar estas modificaciones, el oficialismo presentó un texto consensuado que retoma el sistema vigente e incorpora nuevos mecanismos de control y financiamiento:

• Partidas y auditorías: Se asignan partidas presupuestarias específicas al Ministerio de Salud de la Nación y se establecen auditorías periódicas.

• Control de beneficios: Se implementa un protocolo de suspensión de beneficios ante incumplimientos comprobados, con previa notificación y opción de rehabilitación provisoria.

• Pago a prestadores: La norma fija que, si existen deudas acumuladas con prestadores al momento de promulgada la ley, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar la totalidad en un plazo máximo de 90 días.

Escenario en la Cámara Alta

Al haber alcanzado una mayoría especial holgada en Diputados, el debate en el Senado queda perfilado con un contundente aval político, lo que limita significativamente el margen de un eventual veto presidencial al momento de su sanción definitiva.