El Gobierno de San Juan advirtió que sancionará a las empresas concesionarias del transporte público tras la paralización del servicio de colectivos impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El secretario de Transporte de la provincia, Marcelo Molina, aseguró que no existió ninguna comunicación formal sobre la medida de fuerza y exigió la inmediata restitución de la prestación.

El funcionario calificó el paro como "intempestivo" e "ilegal", al señalar que el gremio no notificó ni a la Secretaría de Transporte ni a la Subsecretaría de Trabajo. Aunque la UTA fundamenta el reclamo en una diferencia salarial derivada de un acuerdo nacional homologado, Molina remarcó que ello no habilita la suspensión del servicio sin cumplir los pasos legales correspondientes, afirmando que el sindicato incurrió en un "incumplimiento completo de la ley".

Frente administrativo y contexto sindical

Molina puso el foco en la responsabilidad de las prestatarias y en el impacto directo sobre los miles de usuarios que utilizan el servicio a diario:

• Sanciones a empresas: Aclaró que la relación administrativa del Estado es con las concesionarias y no con el gremio, por lo que las multas recaerán sobre las compañías. No obstante, se evaluará si hubo choferes con intención de prestar servicio a quienes se les impidió la salida de las unidades.

• Interna en la UTA: El funcionario contextualizó la medida al señalar que el gremio atraviesa un proceso electoral interno y que, si bien circuló un comunicado previo advirtiendo sobre posibles acciones, nunca se especificaron horarios ni se formalizó la presentación.

• Conciliación obligatoria: La Subsecretaría de Trabajo intervendrá dentro de sus facultades para evaluar el dictado de la conciliación obligatoria e intentar encauzar el conflicto mientras se mantiene el diálogo con las empresas.