Un pedido de auxilio transmitido a través de un trozo de papel en medio de una clase fue el punto de inflexión para frenar una situación de violencia intrafamiliar sostenida durante años. Una adolescente de 15 años utilizó ese medio para contar el abuso que padecía desde su infancia, logrando que el cuerpo docente activara los protocolos de protección correspondientes para dar inicio a la investigación penal.

El hecho se desencadenó el pasado 15 de abril, cuando la estudiante le entregó los escritos a una compañera dentro del aula. Al tomar conocimiento del contenido, la docente resguardó los papeles y dio aviso de inmediato a la dirección del establecimiento educativo. Tras una primera contención en la que la chica ratificó de forma verbal lo escrito, las autoridades escolares formalizaron la exposición que derivó en la causa judicial.

La denuncia formal quedó radicada el 24 de agosto e involucró en un principio a cuatro integrantes de su entorno familiar directo, entre tíos y primos. Sin embargo, el pilar probatorio del expediente se consolidó previamente, el 9 de junio, con la declaración de la víctima en Cámara Gesell.

Durante esa entrevista, incorporada como anticipo jurisdiccional de prueba, las profesionales del equipo técnico determinaron que el testimonio de la adolescente presentó un relato estructurado, coherente y carente de contradicciones. En su declaración, la joven precisó que las agresiones comenzaron cuando tenía apenas 7 años.

Un condenado y las audiencias para el resto de los acusados

A partir de los elementos recabados en la etapa de instrucción, la investigación penal concentró el foco de la imputación sobre dos de los familiares señalados:

• Primer imputado: Reconoció su responsabilidad en los hechos atribuidos mediante un acuerdo de juicio abreviado y recibió la condena correspondiente por parte del tribunal interviniente.

• Segundo imputado (M.A.Q., de 25 años): Tío de la víctima, cuya situación procesal y grado de participación en la causa fueron evaluados este lunes en una nueva audiencia de imputación.

El caso sienta un antecedente sobre la importancia del rol de las instituciones educativas como ámbitos de detección temprana y contención ante delitos contra la integridad sexual en la infancia y adolescencia.