Un hombre ruandés se convirtió en la primera persona acusada en el Reino Unido de delitos vinculados al genocidio de Ruanda de 1994. Deberá comparecer el martes ante el Tribunal de Magistrados de Westminster.

Se trata del Dr. Vincent Brown, de 65 años, conocido anteriormente como Dr. Vincent Bajinya. Nacido en Kigali, capital de Ruanda, reside actualmente en el barrio de Islington, en el norte de Londres. La Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) le atribuye siete delitos: uno por conducta auxiliar al genocidio y seis por conducta auxiliar al asesinato como crimen de lesa humanidad.

La legislación británica habilita el procesamiento de ciertos delitos internacionales, entre ellos el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, sin importar el lugar donde hayan sido cometidos. Según explicó Frank Ferguson, jefe de la división de Delitos Especiales y Contraterrorismo de la CPS, los cargos se fundan en acusaciones de que Brown participó en el exterminio contra los tutsis. El funcionario precisó que el imputado presuntamente "dirigió e incitó actos de asesinato y genocidio perpetrados por terceros".

La resolución de acusarlo se adoptó tras el examen del expediente de pruebas remitido por el Equipo de Crímenes de Guerra de la Policía Metropolitana, luego de concluir que se reunían los requisitos legales para avanzar con la causa. Ferguson remarcó, además, que la Fiscalía resuelve sobre los procesamientos con independencia de la policía y del gobierno, y subrayó el derecho del acusado a un juicio justo.

El origen de la pesquisa se remonta a septiembre de 2019, cuando el equipo especializado abrió el caso a partir de una solicitud del gobierno ruandés. El objetivo era esclarecer la responsabilidad de individuos señalados por su participación en la masacre cometida en el distrito de Rugenge, en Kigali, durante abril de aquel año. El proceso se extendió a lo largo de siete años, según describió la Policía Metropolitana.

Brown llegó al país como solicitante de asilo en 1998, de acuerdo con declaraciones que el entonces ministro de Justicia de Ruanda, Tharcisse Karugarama, formuló en 2006. En 2004, al obtener la ciudadanía británica, modificó su identidad, según relató en su momento el abogado Philip Eldin-Taylor.

En Londres, el médico se desempeñó en una organización benéfica dedicada a asistir a enfermeros y parteras refugiados que buscaban ejercer su profesión en Gran Bretaña. Su comparecencia ante el tribunal marcará el inicio formal del proceso judicial en su contra.

A lo largo de 100 días, en 1994, extremistas hutus asesinaron en Ruanda a unas 800.000 personas, entre integrantes de la etnia tutsi y hutus considerados moderados. Los ataques tuvieron como blanco a los tutsis y a opositores políticos, sin distinción de origen étnico.

Tiempo después, las fuerzas de mayoría tutsi que llegaron al poder fueron acusadas de ejecutar a miles de hutus, en episodios calificados como represalias.

La comandante Helen Flanagan, jefa de la unidad de Contraterrorismo de la policía londinense, sostuvo que alcanzar este primer procesamiento "ha requerido una enorme cantidad de trabajo y determinación" por parte de los agentes. Agregó que "este caso demuestra que el Reino Unido no es un refugio seguro para personas sospechosas de haber cometido crímenes internacionales".

Flanagan confirmó, además, que existen otras causas abiertas sobre personas radicadas en suelo británico por delitos equiparables vinculados a la matanza masiva. La oficial manifestó: "Nuestros pensamientos siguen estando con el pueblo de Ruanda, especialmente con aquellos que perdieron a familiares y seres queridos durante el genocidio contra los tutsis".