La Justicia de San Juan comenzó a revisar minuciosamente las condiciones de contratación y las tasas de interés que aplican las entidades financieras al momento de judicializar una deuda. La advertencia fue realizada por Verónica Montero, jueza de Paz de Santa Lucía, durante una entrevista brindada a Radio Mil20.

Exigen transparentar el origen de los pagarés

Montero explicó que la mayoría de los reclamos ejecutivos ingresan a los tribunales mediante la presentación de un pagaré. Sin embargo, este documento no refleja las condiciones bajo las cuales se otorgó el dinero.

Ante esta situación, desde el Juzgado de Paz de Santa Lucía exigen que las financieras incorporen la documentación del contrato original para analizar la validez de los montos exigidos.

“Venimos implementando la necesidad de que se transparente ese negocio que le dio origen al pagaré”, sostuvo la magistrada, quien remarcó que cada operación requiere un análisis individual de las tasas aplicadas.

Mora anticipada y Costo Financiero Total (CFT)

Uno de los aspectos bajo revisión judicial es la determinación del momento exacto en que el deudor entra en mora. La magistrada detectó irregularidades donde algunas empresas declaran la mora de los clientes a los pocos días de entregado el capital.

Respecto a las tasas de interés, Montero aclaró que el cobro por el préstamo de dinero es legal, pero el problema radica en los excesos del Costo Financiero Total (CFT). En Argentina no existe un límite máximo fijado por ley para los intereses de las financieras, por lo que la intervención judicial busca evitar abusos desmedidos.

Asimismo, la jueza precisó que cuando un cliente interrumpe el pago de las cuotas, no corresponde exigir el cobro automático de los intereses compensatorios futuros que aún no se han devengado.

Casos bajo análisis y volumen de causas en Santa Lucía

Como ejemplo de las distorsiones detectadas en el mercado local, la jueza citó un expediente actualmente en revisión donde un capital inicial prestado de 300.000 pesos derivó en un reclamo judicial de 2 millones de pesos en un plazo de tan solo cuatro meses.

El volumen de litigios por deudas representa la mayor parte de la actividad del tribunal. Entre febrero y septiembre ingresaron aproximadamente 500 causas al juzgado de Santa Lucía, de las cuales 400 corresponden a demandas por cobro de pesos. La magistrada concluyó que el criterio judicial no busca frenar la oferta de crédito, sino garantizar condiciones financieras justas y transparentes para los consumidores.