Francisco Narciso de Laprida empuñó la pluma y firmó primero. Era el presidente del Congreso de Tucumán, diputado por San Juan, y la historiografía dice que lo hizo con la determinación de quien sabe que ese gesto lo sobrevivirá. Después firmaron los otros veintiocho: los secretarios Serrano y Paso, el vicepresidente Boedo, y los representantes de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, San Juan, Charcas, Mizque, Chichas.

Treinta y tres diputados en total habían llegado a la casa de Francisca Bazán de Laguna, sobre la Calle del Rey de San Miguel de Tucumán. Veintinueve firmaron ese día. El acta existió. Las firmas existieron. El papel existió. Y después, algo pasó. Qué fue exactamente eso que pasó es lo que los historiadores argentinos llevan doscientos años sin terminar de consensuar.

El documento se redactó entre el 8 y el 9 de julio de 1816. Probablemente se hicieron cargo de esa tarea los diputados Juan José Paso y José Mariano Serrano, secretarios del Congreso. Se tomó como modelo el acta de independencia de los Estados Unidos, aunque con lenguaje y circunstancias propias.

Tenía dos partes: una sección narrativa que describía el proceso de la sesión, y una segunda titulada "Declaración", donde los representantes de las Provincias Unidas proclamaban ante el mundo su voluntad de romper los vínculos con la Corona española, recuperar los derechos de los que habían sido despojados y constituirse como nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y su metrópoli.

El 19 de julio, durante una sesión secreta, se incorporó un agregado al documento. Fue a pedido del diputado porteño Pedro Medrano: la independencia quedaba declarada no solo respecto de España sino también de toda dominación extranjera. Era una ampliación con sentido concreto, dado el clima político de la época y los rumores sobre una posible solución monárquica con una casa real portuguesa.

Después de esa modificación, el 21 de julio el Congreso de Tucumán llevó a cabo el juramento solemne de la Independencia. En Buenos Aires, el juramento se celebraría el 13 de septiembre, con festejos y homenajes.

El 13 de agosto, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón, ordenó imprimir mil quinientas copias del acta en castellano para distribuir por todo el territorio. A moción del diputado Serrano, se produjeron además quinientas copias en quechua y quinientas en aimara, que se enviaron al noroeste del país.

El acta americana que sirvió de inspiración se conserva hoy en los Archivos Nacionales en Washington, en una urna de titanio y vidrio blindado, con control permanente de temperatura, humedad y composición del aire. El destino del documento argentino, en cambio, genera una discusión que ya lleva dos siglos.

De la variedad de versiones que existen sobre el destino del Acta de Independencia, la del robo es la más dramática. Tiene un protagonista central: Cayetano Grimau y Gálvez, un oficial porteño de veintiún años que había combatido en las Invasiones Inglesas, en distintos regimientos y en el Sitio de Montevideo.

Cuando el Congreso de Tucumán terminó sus sesiones, las autoridades le confiaron a Grimau un paquete de documentos para ser entregados a Pueyrredón en Buenos Aires. Partió a caballo, pobremente armado —apenas con un sable roto— y sin escolta real. Su compañero de ruta estaba directamente desarmado.

En Córdoba, el gobernador José Javier Díaz, de reconocida filiación artiguista y abierta hostilidad hacia Buenos Aires, le ofreció un soldado de compañía. Grimau aceptó. No sabía que ese soldado tampoco tenía armas.

En el camino hacia Buenos Aires, el grupo se cruzó con tres jinetes. El líder era José García, conocido como "el Inglés", soldado de Artigas. Grimau desconfió desde el primer momento, pero los hombres explicaron que llevaban correspondencia del gobernador de Córdoba para el caudillo oriental. Siguieron juntos.

La mañana del 2 de agosto de 1816, hace exactamente 210 años, cerca de la posta de Cabeza de Tigre, en el sudeste de Córdoba, los emisarios se cruzaron con una galera. En ese carruaje de gran tamaño viajaba el sacerdote Miguel Calixto del Corro, diputado por Córdoba en el Congreso de Tucumán, con una escolta personal de seis hombres armados con espadas y pistolas. El diputado viajaba con más custodia que los papeles de la Independencia.

El "Inglés" García y Del Corro hablaron en privado, alejados del grupo. Mientras tanto, Grimau se bajó del caballo y se alejó unos metros, nada menos que para resolver cuestiones intestinales en un yuyal. Fue en ese momento cuando García le puso un arma de fuego en la espalda y otro hombre lo amenazó con un facón.

Le ordenaron que entregara todo lo que llevaba. La escolta del diputado no intervino. García y sus hombres huyeron con los documentos. El compañero desarmado de Grimau anunció que regresaba a Córdoba porque estaba enfermo y no tenía nada que custodiar. Se fue con Del Corro, que continuó su viaje en galera como si nada hubiera ocurrido.

La noticia provocó escándalo en el Gobierno porteño y en el propio Congreso. Las sospechas apuntaron a Del Corro: su buena relación con los artiguistas y su pasividad durante el robo eran extremadamente difíciles de explicar. Se abrió una investigación pero nunca se pudo probar su culpabilidad. Los documentos nunca aparecieron.

Hasta ahí, el relato en el que casi todos los historiadores coinciden. Pero hay una pregunta que los divide: ¿qué había exactamente en el paquete de Grimau?

Para el historiador Felipe Pigna, el acta original no está perdida: está en la Casa Histórica de Tucumán. Lo que se robaron en el episodio del robo a Grimau era una copia, no el documento que firmaron los diputados el 9 de julio. Según el historiador, el acta se redactó en el libro de sesiones del Congreso, que probablemente nunca salió de Tucumán, y las copias para distribuir la noticia por el territorio se hicieron en folios sueltos. Uno de esos folios sueltos fue el que llevaba Grimau, es decir, el que se robaron.

Para el periodista e historiador Daniel Balmaceda, la certeza es otra: el documento más trascendente de la historia argentina jamás apareció, y lo que hoy se exhibe y circula como acta son reproducciones del original.

La historiadora mendocina Oriana Pelagatti, de la Universidad Nacional de Cuyo y del Conicet, coincide con Pigna en que la lógica sugiere que el original habría permanecido en el libro de actas del Congreso. Pero añade que tampoco hay certeza sobre el destino de ese libro.

Una segunda línea de investigación lleva a César Hipólito Bacle, un litógrafo suizo que en los años treinta del siglo XIX estaba a cargo de la Litografía del Estado en Buenos Aires. El historiador Bonifacio del Carril analizó en los años sesenta del siglo XX algunas copias del acta que circulaban con las firmas de los veintinueve congresistas.

Las firmas no eran originales sino reproducciones litográficas. Del Carril concluyó que debían haberse producido en el taller de Bacle: para reproducir con fidelidad las rúbricas de los diputados, Bacle necesariamente habría tenido en su poder el documento original.

¿Qué le pasó al acta después? La historia de Bacle tuvo un final oscuro. Cuando el litógrafo consiguió un contrato con el gobierno de Chile, Juan Manuel de Rosas se enfureció. Bacle fue detenido en base a acusaciones falsas en marzo de 1837 y permaneció meses en prisión sin proceso.

Gravemente enfermo, fue liberado a fin de ese año y murió el 4 de enero de 1838. Su taller quedó completamente desordenado. El historiador Del Carril, en su investigación por esa vía, dejó algunas preguntas sin respuesta: ¿el acta se perdió ahí? ¿alguien la robó? ¿Rosas la tuvo y se la llevó a su exilio en Southampton?

La historiadora Pelagatti ofrece una versión menos cinematográfica: el acta pudo haberse perdido no por robo ni conspiración sino por la burocracia caótica de un Estado que todavía no existía del todo.

En 1822, el gobernador de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia, ordenó trasladar toda la documentación del Congreso de 1816 al recientemente creado Archivo General de la Provincia. La orden no se cumplió y, como tantas otras veces en aquella época, los motivos nunca quedaron claros.

El fondo documental terminó dividiéndose: una parte llegó a manos de particulares y recién fue rescatada hacia 1920 por Augusto Maillé, director del Archivo. Otra parte, especialmente la documentación generada en Tucumán, quedó en la legislatura provincial.

A principios del siglo XX, el diputado Agustín Piaggio retiró esos documentos para sus investigaciones históricas. Cuando Piaggio murió, los papeles fueron enviados al Colegio Pío IX, en manos salesianas. En 1966, los salesianos devolvieron al Estado más de tres mil fojas que se incorporaron al Archivo General de la Nación. Pero el acta no estaba entre ellas.

En ese largo peregrinaje de préstamos, el documento pudo haberse perdido sin drama ni intriga. Una historia menos atractiva que la del robo, pero probablemente más real.

El Estado intentó dos veces recuperar el acta. En 1916, cuando se preparaban los festejos del centenario de la Independencia, el presidente Victorino de la Plaza ordenó una búsqueda sistemática. Nadie encontró nada. Cincuenta años después, Arturo Illia ordenó otra. Recibió más de tres mil documentos originales relacionados al Congreso de Tucumán que los salesianos del Colegio Pío IX habían estado guardando. Pero el acta original no estaba entre ellos.

Lo que Argentina tiene hoy como registro de su Independencia son copias. La más conocida es una de las versiones impresas que ordenó Pueyrredón en agosto de 1816. En el Archivo General de la Nación se conservan también una copia de época certificada por uno de los diputados y otra copia trunca, ambas en cajas fuertes, según registra el propio catálogo del fondo.

Si el original existe y está en Tucumán, como sostiene Pigna, nadie ha podido probarlo con certeza. Si desapareció en el robo a Grimau, en el taller de Bacle o en algún préstamo documental sin devolución, tampoco hay forma de saberlo. Más de doscientos años después de aquella mítica firma de Francisco Narciso de Laprida y de los demás diputados, nadie sabe a ciencia cierta qué pasó con el histórico documento que proclamó que las Provincias Unidas del Río de la Plata eran independientes.