La mitad de Cuba quedó sumida en la oscuridad este sábado tras una caída parcial del sistema eléctrico nacional, un episodio que agrava la ya frágil situación energética en la isla y dejó a 4,5 millones de personas sin suministro en siete provincias, desde Pinar del Río hasta Matanzas.

La interrupción del sistema, reportada como una "desconexión parcial" por la estatal Unión Eléctrica, se suma a una serie de apagones prolongados que se volvieron habituales en el país desde mediados de 2024, cuando el régimen cubano reconoció la crisis "crítica" del sector eléctrico.

La capacidad de generación prevista alcanzó solo 1.080 megavatios frente a una demanda máxima de 3.200, lo que provocó un déficit de 2.120 megavatios y obligó a desconectar 2.150 megavatios para evitar apagones caóticos. La situación se volvió aún más compleja porque 10 de las 16 unidades termoeléctricas no estuvieron operativas, un reflejo de años de infrafinanciación y mantenimiento insuficiente.

La crisis eléctrica profundizó el malestar social y la incertidumbre económica en un contexto en el que las fuentes de generación presentan graves problemas. El 40% de la matriz energética, basada en termoeléctricas que dependen del crudo nacional, continúa afectada por averías y mantenimientos.

Otro 40%, que depende de generadores alimentados con diésel y fueloil importados, se mantiene paralizado por el bloqueo petrolero y la falta de divisas. El 20% restante, cubierto por gas y energías renovables, no logró compensar el colapso de las otras fuentes. El apoyo chino permitió mantener algo de capacidad solar, pero no resultó suficiente ante la magnitud del apagón.

Desde enero, el bloqueo petrolero de Estados Unidos incrementó la presión sobre el régimen cubano, que ya enfrentaba un sistema energético obsoleto y carente de inversiones. Los apagones extendidos, que en La Habana superaron las 20 horas continuas y en otras provincias alcanzaron hasta 40 horas, se convirtieron en una constante.

En julio, la isla registró tres apagones nacionales en una sola semana y se vivieron récords de cortes eléctricos que llegaron a desconectar al 74% del país en un solo día.

Mientras el país enfrenta esta nueva emergencia, el régimen anunció en paralelo un cambio en la política económica que permitirá, a partir de agosto, la extracción de petróleo y gas natural por parte de empresas privadas nacionales y extranjeras bajo concesión y condiciones específicas. La medida, que forma parte de un paquete de 176 reformas económicas y sociales aprobadas en junio, busca descentralizar y liberalizar la economía en medio de la crisis y las restricciones impuestas por Washington.

El nuevo marco regulatorio eliminó 46 prohibiciones previas para el sector privado y flexibilizó otras 35, lo que permitirá que las micro, pequeñas y medianas empresas, bajo autorización y con socio estatal, exploten estaciones de servicio. La gran minería, en cambio, solo se permitirá mediante asociación económica extranjera.

(Con información de EFE)