Según los fundamentos de la resolución judicial, las operatorias detectadas en las empresas investigadas provocaron un impacto directo sobre el orden económico y financiero nacional. La naturaleza de los movimientos bursátiles bajo la lupa motivó el cambio de rumbo en el proceso legal.

El fiscal Nicolás Alvo detalló que el escenario actual de la causa contempla figuras penales complejas que corresponden exclusivamente a la órbita federal. Entre ellas, se destacan:

• Lavado de activos.

• Manipulación de mercado.

• Intermediación financiera no autorizada.

Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal confirmó que el volumen de la presunta estafa sigue creciendo y ya existen más de 45 denuncias formales radicadas por los damnificados.

A pesar del trámite de traspaso de jurisdicción a la Justicia Federal de San Juan, las autoridades ratificaron que continúan plenamente vigentes las medidas cautelares dictadas sobre los sospechosos, las cuales incluyen embargos, inhibiciones de bienes y la restricción absoluta para salir del país.

La resolución de incompetencia provincial no tardó en generar reacciones en los representantes de los afectados. El abogado querellante, Marcelo Arancibia, cuestionó con dureza los tiempos del accionar judicial y advirtió sobre las consecuencias de la falta de celeridad en las primeras etapas de la instrucción.

"No solo había que investigar quién cometió el delito, sino dónde estaba la plata", disparó Arancibia.

El letrado argumentó que los tiempos de la Justicia no acompañaron la urgencia que requería la protección del patrimonio de las familias e inversores afectados, concluyendo con preocupación que, a esta altura del proceso, una parte importante del dinero damnificado podría resultar irrecuperable.

En la vereda opuesta, la defensa técnica de los directivos de las firmas financieras tomó una postura de colaboración con la nueva instancia judicial. El abogado Carlos Rivadeo desestimó la existencia de una conducta delictiva planificada por parte de sus clientes.

"No hubo dolo ni intencionalidad", aseguró Rivadeo, desvinculando a los imputados de una voluntad de cometer fraude.

El defensor confirmó que acompañan de conformidad el traslado del expediente al fuero federal. En ese sentido, adelantó que su equipo se encuentra abocado a la preparación de una presentación formal que incluirá documentación contable y registros informáticos clave para respaldar la inocencia de los acusados ante las nuevas autoridades federales.

Finalmente, Rivadeo remarcó que existe una disposición manifiesta por parte de los investigados para avanzar en mesas de diálogo y buscar acuerdos que permitan la devolución del dinero a los damnificados, de forma paralela al desarrollo de la causa penal.