Un insólito error administrativo que se extendió por casi una década llegó a su fin en los tribunales provinciales. La Justicia determinó que una jubilada, identificada como Esmeralda Victoria, deberá devolver un total de $4.209.270 que percibió de manera indebida. El caso encendió las alarmas en la administración pública, ya que los depósitos en su cuenta sueldo continuaron ingresando mensualmente como si siguiera en funciones, a pesar de haberse retirado a fines de 2013.

La historia comenzó en noviembre de 2013, momento en el que la mujer dejó de prestar servicios en el Ministerio de Salud Pública para acogerse al beneficio de la jubilación. Sin embargo, debido a un grave fallo en los trámites internos del Estado, el cese de haberes nunca se registró correctamente. Como consecuencia, el salario estatal se siguió acreditando en la misma cuenta bancaria de forma ininterrumpida hasta diciembre de 2022, cuando una auditoría estatal finalmente detectó el descalabro financiero.

Al no alcanzarse un acuerdo extrajudicial para la restitución de los fondos, la Fiscalía de Estado inició una demanda formal. Durante el proceso, la defensa de la exagente esgrimió argumentos llamativos: sostuvo que la mujer nunca interpretó esos depósitos como un error, sino que asumió que se trataba de diferencias salariales pendientes por una recategorización previa o de algún programa de reparación histórica para la clase pasiva.

El dato: Aunque la demandada aseguró haber tenido voluntad de arreglar la situación y reintegrar el dinero en varias oportunidades, la vía judicial fue inevitable ante la falta de concreción del acuerdo.

En primera instancia, el juez Walter Otiñano le dio la razón al planteo oficial bajo la figura jurídica de enriquecimiento sin causa. La defensa apeló la resolución cargando las tintas contra el propio Estado por haber mantenido la negligencia durante nueve años y denunciando supuestas fallas al derecho de defensa de la mujer.

Sin embargo, la Sala I de la Cámara Civil desestimó los agravios y dejó firme la sentencia. Los camaristas fueron categóricos al señalar que el error de la administración pública no borra la obligación legal de restituir sumas cobradas sin contraprestación ni respaldo legal. Asimismo, confirmaron que la demandada tuvo todas las garantías para exponer sus argumentos tanto en la fase administrativa como en la judicial.

Ahora, Esmeralda Victoria enfrenta un panorama financiero complejo, no solo deberá reintegrar los más de 4.2 millones de pesos, sino también los intereses acumulados desde que se percibió cada suma, una cifra que en el contexto económico actual podría multiplicar significativamente la deuda final.