La disputa por el gigante minero Vicuña sumó un nuevo capítulo de tensión política y judicial. Tras el fallo de la jueza María Greta Decker, que ordenó suspender las operaciones por 30 días, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, rompió el silencio y cuestionó con dureza la base legal de la medida riojana.

El eje de la pelea no es el yacimiento en sí que se encuentra en suelo sanjuanino, sino la logística necesaria para operarlo. Desde hace 15 años, el acceso al proyecto se realiza a través de la localidad riojana de Guandacol.

La postura de La Rioja:

• Denuncian el tránsito de más de 600 vehículos diarios sin permisos ambientales locales.

• Advierten riesgos en la biodiversidad y la infraestructura vial en un tramo de 140 km.

• Instalaron retenes policiales para bloquear el paso de maquinaria pesada.

La respuesta de San Juan: "No tiene fondo para avanzar"

En una entrevista con Canal 8, Orrego fue tajante: “Con sinceridad lo digo: esto no va a prosperar, no tiene fundamento alguno y claramente debe haber algo más detrás”. El mandatario, apelando a su formación como abogado, sostuvo que la resolución carece de sustento jurídico sólido para sostenerse en el tiempo.

Por su parte, el vicegobernador Fabián Martín calificó la situación como “incómoda” y envió un mensaje directo a la administración de Ricardo Quintela: “Me parece que está alejado de la realidad. Tiene que primar el diálogo”.

¿Qué está en juego?

El proyecto Vicuña es operado por los gigantes BHP y Lundin Mining. La paralización, aunque sea temporal, genera incertidumbre en el sector minero en un momento clave para las inversiones en cobre en Argentina.