El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, abrió la puerta a una eventual presencia de tropas de Estados Unidos en el país como parte de la estrategia para enfrentar la crisis de seguridad, aunque condicionó cualquier despliegue a que opere bajo el mando de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, en un intento por equilibrar cooperación internacional y control soberano.

La postura del mandatario marca un nuevo nivel en la relación bilateral en materia de seguridad y refleja la presión interna por contener una escalada de violencia que ha transformado el panorama del país en los últimos años. Ecuador, que hasta hace poco era considerado uno de los territorios más seguros de América Latina, enfrenta hoy tasas de homicidios comparables con las de los países más violentos de la región, en gran medida por su rol en las rutas del narcotráfico.

En una entrevista concedida a Bloomberg, Noboa planteó que la participación de fuerzas estadounidenses no debe interpretarse como una intervención, sino como una cooperación en un contexto donde el crimen organizado tiene carácter transnacional. Bajo esa lógica, insistió en que cualquier acción conjunta debe respetar la estructura de mando local y responder a objetivos definidos por el Estado ecuatoriano.

El Gobierno sostiene que ya existe una colaboración activa con Washington, especialmente en el ámbito de inteligencia y tecnología para el rastreo de organizaciones criminales. Según el propio presidente, este apoyo ha contribuido a operaciones recientes contra grupos que han sido catalogados como terroristas y a una reducción focalizada de la violencia en zonas estratégicas, particularmente en la frontera norte, donde se concentran corredores clave del narcotráfico.

No obstante estas intervenciones no han estado exentas de críticas. El New York Times y varios medios locales han advertido que Ecuador, con apoyo estadounidense, bombardeó una granja lechera en la frontera. Una versión que ha sido rechazada por el gobierno.

La posibilidad de un despliegue militar extranjero en el corto plazo, incluso dentro de este año, se inscribe en una política de seguridad que ha priorizado el uso intensivo de la fuerza estatal. Desde 2023, Noboa ha impulsado medidas excepcionales, como la declaratoria de conflicto armado interno, la militarización de territorios urbanos y la ampliación de facultades para las Fuerzas Armadas en tareas de control interno. Estas decisiones han buscado responder a la expansión de bandas criminales vinculadas al tráfico internacional de drogas.

Sin embargo, los resultados han sido mixtos. Aunque en determinados momentos se registraron descensos en los índices de violencia, las cifras volvieron a repuntar, evidenciando la persistencia estructural del problema. El trasfondo de esta dinámica está ligado al aumento de la producción de cocaína en Colombia y a la utilización de puertos ecuatorianos como puntos de salida hacia mercados internacionales, lo que ha incrementado la disputa territorial entre organizaciones criminales.

En este contexto, la propuesta de profundizar la cooperación con Estados Unidos también responde a una afinidad política entre Noboa y la administración de Donald Trump, con quien comparte una visión de confrontación directa contra los carteles. La articulación entre ambos gobiernos ha incluido ya el intercambio de inteligencia y el respaldo a operaciones militares, consolidando un eje de seguridad que trasciende lo estrictamente bilateral.

El planteamiento de colaboración entre ambas fuerzas militares enfrenta límites políticos internos. La posibilidad de permitir una presencia militar extranjera ya fue sometida a consideración en el referéndum de noviembre de 2025, donde los votantes rechazaron reformas que abrían la puerta al retorno de bases internacionales.

El escenario que se abre combina, por un lado, la urgencia de contener la violencia y, por otro, la necesidad de definir los términos de una cooperación que no comprometa la autonomía institucional.