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25 de marzo de 2026

"Nunca existió": la Justicia archivó la denuncia de Juanita Tinelli y complica la situación de su padre.

Gustavo Scaglione, señalado en la denuncia, contraataca tras el fallo judicial. Aseguran que la acusación fue una estrategia vinculada a una deuda de 10 millones de dólares y un embargo en Uruguay.

La Justicia dictó el archivo de la causa iniciada por Juanita Tinelli, quien meses atrás había denunciado haber recibido amenazas de muerte dirigidas hacia ella y su entorno familiar. La resolución, que fue analizada en diversos programas de espectáculos y streaming, marca un giro determinante en el conflicto que involucra de forma indirecta a su padre, Marcelo Tinelli, y al empresario Gustavo Scaglione.

Según detalló la periodista Laura Ubfal en Bondi Live, la investigación se estancó debido a la falta de evidencia técnica. "La Justicia comprobó que la llamada denunciada nunca existió", afirmó Ubfal, quien además reveló que la modelo se negó a entregar su dispositivo móvil para las pericias correspondientes, argumentando que había borrado el registro del mensaje por el estado de pánico que le produjo el episodio.

El trasfondo del caso escaló en tensión cuando se conoció el contenido de la denuncia leída por Marina Calabró en América. En su declaración, Juanita aseguraba que un hombre, identificándose como Scaglione, le había advertido que ella y su familia debían "cuidarse mucho". Sin embargo, el empresario —actual dueño de Telefe— desmintió categóricamente los hechos desde España y calificó el episodio como una "falsa denuncia".

La situación judicial ahora se vuelve contra la denunciante. Scaglione ha instruido a sus abogados para accionar legalmente por difamación, vinculando este episodio con una millonaria disputa económica. Según trascendió, el conductor de televisión mantendría una deuda superior a los 10 millones de dólares con el empresario, relacionada con una propiedad que debería ser entregada como parte de pago en noviembre.

Con el expediente archivado, Juanita Tinelli no solo perdería la protección del botón antipánico que se le había asignado, sino que, según fuentes judiciales, podría verse obligada a retractarse públicamente para evitar mayores complicaciones legales en una causa que la Justicia considera inexistente.

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