En un contexto de alta necesidad de soluciones habitacionales, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) ha puesto en marcha un riguroso plan de revisión para detectar y recuperar viviendas adjudicadas que no están siendo habitadas por sus beneficiarios. La medida surge tras confirmar que, pese a la extensa lista de espera, existen inmuebles que permanecen cerrados o en situaciones irregulares, lo que ha generado una creciente preocupación en el organismo provincial.

Desde el IPV detallaron que la intervención se activa principalmente a través de relevamientos de campo y denuncias de vecinos. Actualmente, el foco está puesto en dos escenarios críticos: por un lado, unidades que quedan como remanentes por trabas administrativas y, por otro, casas que teniendo un adjudicatario directo se encuentran desocupadas sin justificación válida. Un ejemplo reciente de este despliegue ocurrió en el barrio Las Pampas, donde tras múltiples inspecciones se identificaron varias viviendas sin uso y se dio inicio formal al proceso de recuperación.

El procedimiento administrativo es estricto: una vez detectada la falta de ocupación, se abre una instancia de análisis para que el titular justifique la situación. De no haber una razón legal, el caso puede escalar hasta la Fiscalía de Estado para concretar la recuperación del inmueble, el cual es reacondicionado antes de ser incluido en un nuevo sorteo. Paralelamente, las autoridades recordaron que la adjudicación no otorga la propiedad definitiva inmediata; por lo tanto, las viviendas no pueden ser vendidas, cedidas ni alquiladas hasta su cancelación total, una práctica ilegal que también está bajo vigilancia.

Finalmente, el panorama se completa con una cifra alarmante en cuanto al financiamiento del sistema: la morosidad en el pago de las cuotas se mantiene en niveles críticos, oscilando entre el 40% y el 50%. En este marco, el IPV busca sanear el sistema no solo recuperando metros cuadrados desaprovechados, sino también instando a los adjudicatarios a cumplir con sus obligaciones para permitir que el círculo solidario de la vivienda social siga funcionando.