Los docentes y el personal no docente de las Universidades Nacionales registraron en los últimos dos años una importante caída del poder adquisitivo, tras el recorte presupuestario llevado adelante por el gobierno de Javier Milei. De este modo, la mayoría cobra menos de 1.300.000 pesos.

De acuerdo a un informe del CEPA, entre noviembre de 2023 y enero pasado, sus sueldos cayeron un 34% en promedio en términos reales. La mayor parte de esa retracción se registró en el primer semestre de 2024 y no fue compensada.

Entre los docentes con dedicación exclusiva el salario más alto corresponde al cargo de titular, con un básico bruto de 1.456.091 pesos. Por su parte, un asociado percibe $1.295.710; un adjunto, $1.135.896; un Jefe de Trabajos Prácticos, $975.510; y un auxiliar de primera, 814.961 pesos.

En el caso de los docentes con dedicación semiexclusiva, los salarios básicos se ubican entre $728.046 para un titular y $407.479 para un auxiliar de primera. El básico de un asociado alcanza $647.854, el de un adjunto, $567.943 y el de un Jefe de Trabajos Prácticos, 487.755 pesos.

Para los docentes con dedicación simple, los ingresos son considerablemente menores. Un titular percibe $364.022, un asociado, $323.923; un adjunto, $283.969 y un Jefe de Trabajos Prácticos, 243.874 pesos.

En los escalones más bajos, el auxiliar de primera tiene un salario básico de $203.736, mientras que el auxiliar de segunda registra $162.991.

En el caso del personal no docente, el salario básico bruto varía según la categoría. En la categoría 1 asciende a $1.878.437 y en la categoría 2 a 1.565.367 pesos.

En la categoría 3 el básico se ubica en $1.302.402, mientras que en las categorías inferiores los montos descienden a $1.083.250 (categoría 4), $901.653 (categoría 5), $751.367 (categoría 6) y $626.146 (categoría 7).

Como referencia, el informe indica que en enero de 2026 la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se ubicó en $623.990, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) ?que marca la línea de pobreza para un hogar tipo? alcanzó los 1.360.299 pesos.

La Ley de Financiamiento Universitario insistida en el Congreso, que aún el Ejecutivo no aplicó, establecía la convocatoria a una paritaria nacional para que el salario básico recupere el poder adquisitivo perdido desde diciembre 2023 hasta el mes de su publicación en el Boletín Oficial (octubre de 2025). Esto implicaba un incremento salarial del 44 por ciento.

El CEPA resaltó que de haberse incorporado sobre los salarios de noviembre, el salario real del personal docente y no docente se habría ubicado apenas 1,3% por debajo del nivel registrado en noviembre 2023, recuperando la mayor parte del terreno perdido.

Por el contrario, el proyecto presentado por el Gobierno establece una recomposición sobre 2025 que se realizaría en tres cuotas trimestrales no acumulativas de 4,1%, totalizando solo un 12,3% de aumento.

Vale mencionar que los salarios representan en promedio el 86,9% del gasto universitario. "Entre 2023 y 2026 el grueso del ajuste recayó sobre los salarios del personal docente y no docente, que se redujeron 43,2%", precisó el CEPA.

Si el Gobierno hubiese aplicado la nueva ley, el presupuesto salarial habría aumentado 36,3% real respecto de 2025, ubicándose 2,7% por encima de 2023.

En este contexto, a partir de este lunes 16 de marzo, las universidades públicas enfrentarán interrupciones en el inicio del ciclo lectivo debido a una semana de protestas convocadas por el Frente Sindical, que agrupa a docentes y no docentes.

Recientemente, la UBA emitió un comunicado y exigió la aplicación de dicha norma, ratificando la emergencia salarial y presupuestaria del 2026. "El cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y de Recomposición Salarial tiene por objeto garantizar el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales y la recomposición salarial de sus trabajadores y trabajadoras", manifestó la casa de estudios.

Y consideró como destinos prioritarios de los fondos la mejora de infraestructura universitaria, el fortalecimiento de becas estudiantiles, el financiamiento de los colegios preuniversitarios y el desarrollo de las actividades de enseñanza, investigación, extensión e internacionalización.