Un escalofriante testimonio ha sacudido a San Juan, revelando el modus operandi de una presunta red delictiva que operaba utilizando el Registro Civil de Pocito. Fernando, un hombre residente en Buenos Aires, relató con angustia a Infobae cómo su vida se vio trastocada al descubrir que le habían robado su identidad y lo habían endeudado en la suma sideral de $60 millones, todo a través de la tramitación de un DNI fraudulento.

El caso de Fernando presenta similitudes alarmantes con el de una víctima de Tandil, a quien también le tramitaron un nuevo ejemplar de su documento, utilizado para sacar préstamos y créditos en San Juan por un total de $11.412.000. Esta última causa ya ha derivado en la detención de cuatro personas, entre ellas, la jefa a cargo del área de DNI en el Registro Civil de Pocito, Natalia Castillo, quien fue trasladada al Penal de Chimbas bajo prisión preventiva el pasado 11 de julio.

El hombre que presuntamente tramitó el ejemplar B del documento de Fernando es Marcelo Omar Cardozo, de 47 años, oriundo de Chimbas. Fernando posee incluso las imágenes de las validaciones biométricas que Cardozo habría utilizado en diferentes bancos para generar la cuantiosa deuda.

El calvario de Fernando comenzó en marzo pasado, cuando de repente le "llovió" una avalancha de reclamos por deudas de bancos, financieras y casas de electrodomésticos que él nunca había tomado. Al recordar que un colega había sufrido una situación similar en diciembre, rápidamente buscó asesoramiento legal.

"En marzo eran 17 millones de pesos, el pico fue de 60 y ahora estoy en 34", detalla Fernando sobre la evolución de su deuda. Aconseja encarecidamente a la población chequear en Migraciones cuál es el ejemplar de DNI que tienen como válido. En su caso, descubrió un ejemplar B que nunca había solicitado, pero que había sido gestionado en San Juan por la persona que consumió el dinero que ahora le reclamaban.

A partir de ese momento, Fernando inició un arduo periplo. Denunció su caso en Defensa del Consumidor y en la Justicia, además de notificar a todos sus acreedores. "No me fía ni el kiosquero de la esquina", bromea con amargura sobre la situación de insolvencia forzada que le generó este fraude. La imposibilidad de realizar trámites básicos lo paralizó hasta que pudo obtener un nuevo ejemplar legítimo de su DNI.

"Tuve que ir a la casa central de Renaper con mi partida de nacimiento, mi hermana y la libreta de matrimonio de mis padres para certificar que era yo", describe parte de los trámites kafkianos que ha tenido que enfrentar a causa del robo de su identidad.

La semana pasada, Fernando recibió una carta documento crucial: "el Renaper admite que fue mal otorgado el ejemplar B de mi DNI. Me sirve para demostrar que yo no tomé esas deudas, pero aún no me han liberado de todo, debo 34 millones", afirma con una sorprendente calma, según reporta Infobae.

El Caso Tandil: El Punto de Partida de la Investigación

El caso de Fernando y su colega es un espejo del que un vecino de Tandil descubrió y que terminó con la desarticulación de parte de esta red. El 11 de julio pasado, la Justicia Federal dispuso que Natalia Castillo, la jefa a cargo del área de DNI en el Registro Civil de Pocito, fuera trasladada al Penal de Chimbas bajo prisión preventiva. Está acusada de presuntamente formar parte de una banda dedicada a la falsificación de documentos y a la realización de estafas, un calco de lo que padeció Fernando.

La causa contra los cuatro detenidos se encuentra bajo investigación del fiscal federal Fernando Alcaraz, de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de San Juan. Además de Castillo, también fueron detenidos Rolando Javier “El Narigón” Navarro Saide (un hombre con antecedentes de estafa y en prisión domiciliaria), su hijo Rodrigo Navarro Pozo, y Marcos Esteban Vallejo.

El origen de la investigación se debió a una denuncia realizada por el vecino de Tandil en diciembre del año pasado, quien notó que alguien le había robado su identidad cuando comenzaron a llegarle deudas por préstamos y créditos en San Juan por un total de $11.412.000.

Luego de que el Registro Nacional de Personas (RENAPER) confirmara que el DNI del hombre había sido renovado en el Registro Civil de Pocito, los investigadores detectaron que ese documento llevaba la fotografía de otra persona. Mediante peritajes que incluyeron técnicas de reconocimiento facial, las autoridades determinaron que la cédula le había sido entregada a Marcos Esteban Vallejo, quien contaba con domicilio en Chimbas.

Los investigadores plantean como hipótesis principal que los tres hombres habrían constituido una banda criminal con la empleada del Registro Civil, Natalia Castillo. Se cree que Castillo habría provisto el acceso a las bases de datos y a la impresión de las documentaciones falsificadas, las cuales luego entregaba a sus supuestos cómplices para que llevaran a cabo las defraudaciones.

fuente: Infobae